MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente




AC3172-2017

Radicación n.° 13001-31-03-008-2004-00238-01

(Aprobada en sesión de veinticinco de enero dos mil diecisiete)



Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017).



Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Jaime Enrique Mora Machacón dice sustentar el recurso de casación que formuló contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de enero de 2013, en el proceso que aquél adelantó frente a Leticia Clavijo Rodríguez, Flor María Clavijo, y herederos indeterminados de Carlos Enrique Mora León.


  1. ANTECEDENTES


    1. Con demanda repartida al Juzgado Octavo del Circuito de Cartagena, pretende el actor que, por cuanto lo real fue una donación, se declare simulada la liquidación y partición de la sociedad conyugal habida entre Carlos Enrique Mora León, fallecido, y Leticia Clavijo Rodríguez, se declare válida la donación de $2.000 hecha por Mora y nula la donación del exceso, cuya mitad corresponde a la masa sucesoral del difunto.


    1. Como causa de pedir adujo que es hijo extramatrimonial de Carlos Enrique Mora, quien contrajo matrimonio con Leticia Clavijo en fecha posterior al nacimiento de aquél y quien, mediante escritura 3302 del 27 de diciembre de 1985 otorgada en la Notaría Primera de Cartagena acordó con su cónyuge liquidar la sociedad conyugal habida entre ellos, acto que fue simulado pues el ánimo era “preterir a su hijo Jaime Mora Machacón de la masa sucesoral a la hora de su muerte” (f. 2, c. 1).


En el acto partitivo se inventariaron como bienes de la sociedad conyugal, un inmueble y un taxi, ambos avaluados en  $571.000,oo. Correspondió al señor Carlos Enrique Mora el automotor y a su cónyuge la vivienda; pero esta continuó como propietaria del vehículo “ya que no le hicieron el traspaso ni le transfirieron el dominio del mismo” (f. 3).


    1. Leticia Clavijo se opuso con la alegación de la excepción de mérito que denominó “no haber simulación alguna en la liquidación de la sociedad conyugal atacada”. Flor Mora Clavijo alegó también el mismo medio exceptivo al que agregó la “prescripción de la acción de simulación impetrada”. El curador ad litem designado para defensa de los herederos indeterminados del señor Mora se atuvo a lo que resultara demostrado.


    1. La primera instancia culminó con sentencia (fls. 121 a 133, c. 1) mediante la cual el juzgado de conocimiento declaró la simulación del acto de partición, declaró también la nulidad de la partición “derivada de la escritura anterior”, ordenó que los bienes regresaran al haber sucesorio así como sus frutos e intereses, descontando al demandante lo recibido en su oportunidad por tales conceptos.


    1. Apelada que fue esa providencia por la parte demandada, el Tribunal, con el fallo objeto del recurso extraordinario (fls. 35 a 56), decidió revocarla.


  1. LA SENTENCIA DEL AD QUEM


Luego del usual recorrido sintético del proceso, de establecer el marco teórico, normativo y jurisprudencial de la figura comprometida en la litis (liquidación voluntaria de la sociedad conyugal) y encontrar que por activa existe suficiente legitimación en la causa, descarta el sentenciador la excepción de mérito propuesta por la defensa, referida a la prescripción de la acción de simulación, por cuanto estima que el inicio del conteo del término extintivo debe partir desde el fallecimiento del causante.


En lo que hace a la simulación incoada, manifiesta que ninguna de las pruebas recaudadas indican que la disolución de la sociedad conyugal fuera fingida, pues de ninguno de los testimonios ni del interrogatorio de parte que absolvió la cónyuge supérstite, “se infiere que en dicho acto no se hubiera tenido la intención de disolver y liquidar la sociedad conyugal, además en la adjudicación que se hizo a cada uno de los bienes sociales existe correspondencia en cuanto a su monto, y si alguna diferencia existiera en dicha liquidación, por esta sola circunstancia no puede concluir que dicha disolución fue simulada” (f. 1, c. 2) ni esta acción es viable para atacar la lesión que hubiera sufrido uno de los cónyuges.


Explica además que como estos no disolvieron su matrimonio y siguieron cumpliendo con sus deberes conyugales en cuanto a compartir lecho, mesa y techo, el indicio resaltado por el a quo consistente en la retención de la posesión y usufructo en cabeza del cónyuge demandado no es aplicable.


En lo que se refiere a la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble, advierte la colegiatura que los esposos lo adquirieron en 1967, antes de su matrimonio, lo que no significa que uno de ellos haya renunciado en forma fraudulenta a los gananciales, sino que la pareja admite la existencia de una sociedad patrimonial de bienes antes del matrimonio acaecido en 1974 y su continuación a partir del nacimiento de la sociedad conyugal, desde cuya disolución hasta el deceso de Mora León, por lo demás, transcurrieron 10 años, sin que entretanto se hubiesen separado o sustraído a los deberes de esposos o se hubiese discutido entre ellos la legalidad de la partición.


En cuanto al vehículo, advierte que el juzgado de primera instancia halló un indicio derivado del hecho de que ese bien siguió en cabeza de la esposa, pero sobre este tópico estima que esa propiedad y posesión no fue desconocida por la cónyuge, a pesar de que nunca fue inscrito en favor de este en la oficina de tránsito respectiva. Y que, en todo caso, los testigos manifestaron que el señor Mora León conducía y aprovechó el taxi hasta su muerte. Destaca que


[N]o se demostró la intención fraudulenta o simulada del difunto o de su cónyuge de esconder del heredero extramatrimonial la declaración hereditaria ni reconocimiento patrimonial alguno, todo lo contrario, de los bienes que luego de la aludida disolución de la sociedad conyugal estaban radicados en cabeza de su padre, se dividieron por igual entre sus dos hijos, tal y como se desprende de las declaraciones de parte que obran en el asunto (f. 49).


Agrega que la demandada Leticia Clavijo aportó un documento -cuyo texto transcribe- en el que Jaime Enrique Mora “estuvo a satisfacción con lo que le correspondía como su potencial masa herencial, y en el que se desprende que éste conocía y aceptaba que el único bien dejado por el causante, era un automóvil de servicio público” (ib.).


La diferencia de valor entre las dos clases de bienes, que como tal constituye el indicio del precio vil tenido en cuenta por el juzgador de primera instancia, para el Tribunal es un despropósito si se atiende a la figura sustancial que se analiza. Explica que el actor no aportó prueba que demostrara el precio de la casa y el carro, ni en esta causa se demanda la lesión. Además, que como la liquidación fue de mutuo acuerdo, bien pueden las partes “por la mera liberalidad de su autónomo carácter, venir a pactar y estipular la división que a ellos más les convenga y las que se encuentren a mayor satisfacción personal, hecho con el cual no cabe reproche si es hecho de manera voluntaria y libre, por tratarse en definitiva de una clase de sociedades patrimoniales en donde en principio priman los afectos, como hecho que constituye el ánimo asociativo, por encima de los intereses patrimoniales” (f. 51).


Indica, en consecuencia, que el cuestionamiento de la partición se hace sólo en relación con el inmueble; pero para el éxito de la acción debía demostrar el pretensor, bien directa o indirectamente, la intención inequívoca de simular pues, el simple señalamiento de la condición de ser hijo extramatrimonial ni su nacimiento son causas implícitas del fingimiento; pero, acota, “no hay testigos, ni documentos, ni ninguna clase de pruebas que den expresa cuenta que en razón del nacimiento del demandante se orquestó la simulación” (f. 80).


  1. LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO ÚNICO


Se acusa la sentencia de haber infringido de manera indirecta los artículos 1602, 1603, 1618, 1766, 1771, 1781 ordinal 4°, 1798 y 1820 del Código Civil, 47 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y 175, 187, 248 250 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho y de derecho probatorios.


Para su desarrollo, una vez reiterada las razones del Tribunal, expresa la censura que no es cierto que en la demanda se haya expresado que en razón del nacimiento del demandante se orquestó la simulación, puesto que como reconoce ese juzgador, transcurrieron varios años entre el nacimiento del demandante y la liquidación de la sociedad conyugal.


Además indica que en la sentencia se exige prueba directa que acredite el concierto simulatorio, en contra de lo que la jurisprudencia predica sobre el punto, que resalta la prueba indiciaria, calificada como indirecta. Destaca que el error de la Sala de Decisión consiste en confundir el acto simulado, que debe demostrarse plenamente, con la forma como los estipulantes llegaron a fraguarlo, que es lo que se propone demostrar con los yerros que le atribuye al sentenciador en relación con las siguientes pruebas, preteridas por el Tribunal:


  1. la escritura pública 3302 del 27 de noviembre de 1985, mediante la cual se liquidó la sociedad conyugal, en la que los esposos declararon que no aportaban a esa sociedad conyugal bienes adquiridos antes de su matrimonio, cuando es lo cierto que, de acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria que obra en autos y sus propias declaraciones en la escritura, dan cuenta de que el inmueble objeto del proceso fue adquirido en 1967. De allí infiere el censor que en el instrumento se miente, por lo que en tales circunstancias lo que se liquida en la escritura es un bien que no pertenecía a la sociedad conyugal, indicio grave éste pues la forma de liquidar dicho activo era mediante la adquisición de la participación por parte de uno de los copropietarios, pero como con tal acto podía correrse el riesgo de que se pensara que la venta entre ellos era simulada, se acudió a otro medio, algo que mira el Tribunal como intrascendente.


  1. El folio de matrícula mencionado, de número 060-70964, que contiene la información aludida.


  1. La declaración de Agustín Antonio Hoyos, quien por su profesión de conductor debe saber que el vehículo “es un taxi viejo”, lo que constituye otro indicio demostrado cual es el valor asignado al vehículo, de marca desacreditada. Agrega que el indicio de conservación del bien por parte del titular de su dominio sí está probado puesto que este declarante hace constar que “se vendió por la demandada” (f. 21) por lo que de haberse partido y adjudicado en forma real no se hubiera podido vender por ella.


  1. El recibo con el cual el demandante declara haber recibido $1.314.200,oo como producto del 50% de la venta del taxi, que, confrontado con el interrogatorio rendido por la demandada, demuestra que ella aseveró haber vendido el carro y pagado al demandante $3.000.000,oo. Se trata, dice, de una declaración de paz y salvo, expresada de buena fe, que no contiene transacción ni renuncia alguna a sus derechos como heredero.


  1. La declaración de Rafael Arquímedes Erazo Estrada, quien se limita a transcribir la contestación de la demanda sin expresar circunstancias de tiempo, modo o lugar de los hechos declarados. Y las de Jaime Elías Padilla Utria y Lucila María Herrera Corpus, quienes son testigos de oídas. “Es tan grave la falta de aporte al caso de estas declaraciones, que ni siquiera son tenidas en cuenta por el Tribunal como sustento de la sentencia, pretermitieron su crítica en el proceso” (f. 22, c. Corte).


  1. Manifiesta que constituye indicio las circunstancias de tiempo en que se da la liquidación, pues la propia demandada acepta en su interrogatorio haber sabido de la existencia de Jaime Mora cuando este tenía como tres años y haber liquidado la sociedad conyugal cuando tenía 10, “lo cual indica que en ese lapso estuvo maquinando la forma de hacer que su esposo dejara de figura como propietario”


En lo que hace a los yerros de derecho, la censura indica que el Tribunal violó el artículo 47 de la ley 763 de 2002, al afirmar que la simple formalidad del traspaso no es indicio, perdiendo de vista que conforme dicha norma la tradición de los vehículos se obtiene mediante su inscripción en el registro nacional de tránsito, requisito este solemne para que se adquiere la propiedad de este tipo de bienes.


  1. CONSIDERACIONES


De conformidad con el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que es el cuerpo normativo que regula este recurso por haber sido interpuesto cuando estaba vigente (art. 699 del Código General del Proceso), la demanda de casación debe cumplir con una serie de requisitos para ser formalmente admitida, algunos de carácter accesorio tendientes a la clara determinación del proceso y de la sentencia contra la cual se interpone el recurso extraordinario, que en este caso se encuentran cabalmente cumplidos, y otros de índole sustancial, dirigidos a precisar la acusación que se le eleva a dicho fallo, sobre el cual la Corte encuentra falencias en la demanda que examina.


En concreto, el numeral 3º del precepto mencionado establece que dicho escrito debe contener


“la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”


Cuanto hace a la fundamentación del cargo en forma clara y precisa, tales expresiones ponen de presente no sólo que el mismo sea inteligible sino que vaya dirigido en concreto a todos los elementos esenciales, fácticos y jurídicos, que soportan la decisión y no a otros, lo que supone armonía o simetría del recurrente con lo que el Tribunal sostuvo, es decir, “una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente” (Cas. Civ. del 26 de marzo de 1999, Exp. 5149, refrendada en providencias recientes, como las de 14 de diciembre de 2011, Exp.  11001-31-03-023-2004-00336-01; de 7 de noviembre de 2002, exp.#7587,  de 28 de mayo de 2004, exp.#7101, de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01, entre muchos más).


De cara a las anteriores directrices jurisprudenciales, es notorio que en el cargo el recurrente se olvida de atacar los fundamentos torales de la decisión para proponer su propia versión de lo que considera demostrado como hechos indicativos de la simulación pretendida.


1.        En ese sentido, es de ver que el Tribunal constata que el inmueble fue adquirido por los consortes en 1967, y resalta que la pareja “admite la existencia de una sociedad patrimonial de bienes, antes del hecho mismo del matrimonio por el rito católico, celebración que se dice ocurrió en fecha posterior, en marzo de 1984, y la continuación con este inmueble a partir del nacimiento de la sociedad conyugal”. Pero sobre este particular nada se dice, pues el recurrente lo que hace es destacar, de una parte, que la pareja mintió cuando dijo que no había aportado nada a la sociedad conyugal, y de la otra, que ese inmueble al haber sido adquirido antes del matrimonio no podía ser incluido en la liquidación de la sociedad conyugal. Como es notorio, pasó por alto la censura la conclusión del Tribunal atinente a la existencia de una previa sociedad de hecho entre los futuros esposos, en la que, forzoso es inferirlo, vio esa colegiatura que cada cual aportó su parte en la referida sociedad a la que se conformada por razón del matrimonio.


2.        De la misma manera, al paso que el recurrente enfatiza en que sí se quedó demostrada la ausencia de transferencia del dominio del vehículo automotor, el Tribunal también lo advirtió pero su énfasis se dirigió a destacar que el señor Mora detentaba su posesión pues lo conducía y usufructuaba y que su consorte demandada no lo negó.


3.        En cuanto hace al recibo suscrito por el actor, el desenfoque se evidencia en el hecho de que el recurrente pone de presente la afirmación de la demandada en cuanto a la cuantía recibida por este minimizando la declaración de paz y salvo del demandante, con olvido total de lo que el Tribunal dedujo de allí, esto es, que la propiedad y posesión del automotor (cuya venta sirvió para el pago que dio origen al recibo mencionado) por parte del señor Mora León nunca fue desconocida por su esposa.


4.        En relación con las declaraciones de los señores  Erazo Estrada, Padilla Utria y Herrera Corpus, no se sabe en verdad cuál es el error fáctico que el recurrente achaca al Tribunal si él mismo admite que tales declarantes nada dijeron por lo que mal haría el fallador en tenerlas en cuenta  y así lo reconoce la censura.


5. Es de destacar que el juzgador, en relación con el indicio tomado en consideración por la primera instancia consistente en el “precio vil”, y materializado en la diferencia entre los valores del inmueble y del automotor, reparó en la naturaleza del acto partitivo, en su carácter consensuado, en la válida intervención del afecto entre las partes y el hecho de no ser reprochable que se exterioricen por ello actos de mera liberalidad, voluntaria y libre, a más de que no había prueba de los valores de esos activos. Pero el recurrente lo que destaca es otra cosa, a saber, que un testigo calificó el carro de viejo y de una marca desacreditada, quedando intacta la afirmación del Tribunal consistente en la ausencia de prueba del valor del inmueble y, más allá de ello, de la poca importancia que para esa sala tiene la equivalencia en los valores repartidos por la especial naturaleza del acto en la que el afecto está presente, punto asimismo incólume.


6.        De otra parte, se aprecia en el cargo una contradicción, pues al comienzo del mismo el recurrente, para refutar una afirmación del Tribunal atinente a que en la demanda se afirmó que el nacimiento del demandante fue la razón para que se orquestara la simulación, resaltó que habían transcurrido un buen número de años entre el nacimiento del demandante y la liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, al final sí le parece que el tiempo no sea óbice para fraguar el acto fingido, pues afirma que desde cuando la esposa supo de la existencia del demandante (tenía entonces tres años) hasta cuando liquidó la sociedad conyugal (contaba con 10 años) “estuvo maquinando la forma de hacer que su esposo dejara de figurar como propietario” (f. 22). Este tipo de contradicciones hace confuso el cargo, en contra de la exigida claridad y precisión a que se aludió al comienzo de estas consideraciones.


Las anteriores falencias denotan entonces que el cargo no puede ser admitido y en consecuencia, debe declararse desierto el recurso.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

Primero: INADMITIR  el cargo formulado contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de enero de 2013, en el proceso que Jaime Enrique Mora Machacón adelantó frente a Leticia Clavijo Rodríguez, Flor María Clavijo, y herederos indeterminados de Carlos Enrique Mora León.


Segundo: Declarar DESIERTO el recurso de casación interpuesto contra el mencionado fallo.


Notifíquese,


LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO




       

       ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA