Magistrada ponente
(Aprobada en sesión de veinticinco de enero dos mil diecisiete)
Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Jaime Enrique Mora Machacón dice sustentar el recurso de casación que formuló contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de enero de 2013, en el proceso que aquél adelantó frente a Leticia Clavijo Rodríguez, Flor María Clavijo, y herederos indeterminados de Carlos Enrique Mora León.
En el acto partitivo se inventariaron como bienes de la sociedad conyugal, un inmueble y un taxi, ambos avaluados en $571.000,oo. Correspondió al señor Carlos Enrique Mora el automotor y a su cónyuge la vivienda; pero esta continuó como propietaria del vehículo “ya que no le hicieron el traspaso ni le transfirieron el dominio del mismo” (f. 3).
Luego del usual recorrido sintético del proceso, de establecer el marco teórico, normativo y jurisprudencial de la figura comprometida en la litis (liquidación voluntaria de la sociedad conyugal) y encontrar que por activa existe suficiente legitimación en la causa, descarta el sentenciador la excepción de mérito propuesta por la defensa, referida a la prescripción de la acción de simulación, por cuanto estima que el inicio del conteo del término extintivo debe partir desde el fallecimiento del causante.
En lo que hace a la simulación incoada, manifiesta que ninguna de las pruebas recaudadas indican que la disolución de la sociedad conyugal fuera fingida, pues de ninguno de los testimonios ni del interrogatorio de parte que absolvió la cónyuge supérstite, “se infiere que en dicho acto no se hubiera tenido la intención de disolver y liquidar la sociedad conyugal, además en la adjudicación que se hizo a cada uno de los bienes sociales existe correspondencia en cuanto a su monto, y si alguna diferencia existiera en dicha liquidación, por esta sola circunstancia no puede concluir que dicha disolución fue simulada” (f. 1, c. 2) ni esta acción es viable para atacar la lesión que hubiera sufrido uno de los cónyuges.
Explica además que como estos no disolvieron su matrimonio y siguieron cumpliendo con sus deberes conyugales en cuanto a compartir lecho, mesa y techo, el indicio resaltado por el a quo consistente en la retención de la posesión y usufructo en cabeza del cónyuge demandado no es aplicable.
En lo que se refiere a la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble, advierte la colegiatura que los esposos lo adquirieron en 1967, antes de su matrimonio, lo que no significa que uno de ellos haya renunciado en forma fraudulenta a los gananciales, sino que la pareja admite la existencia de una sociedad patrimonial de bienes antes del matrimonio acaecido en 1974 y su continuación a partir del nacimiento de la sociedad conyugal, desde cuya disolución hasta el deceso de Mora León, por lo demás, transcurrieron 10 años, sin que entretanto se hubiesen separado o sustraído a los deberes de esposos o se hubiese discutido entre ellos la legalidad de la partición.
En cuanto al vehículo, advierte que el juzgado de primera instancia halló un indicio derivado del hecho de que ese bien siguió en cabeza de la esposa, pero sobre este tópico estima que esa propiedad y posesión no fue desconocida por la cónyuge, a pesar de que nunca fue inscrito en favor de este en la oficina de tránsito respectiva. Y que, en todo caso, los testigos manifestaron que el señor Mora León conducía y aprovechó el taxi hasta su muerte. Destaca que
[N]o se demostró la intención fraudulenta o simulada del difunto o de su cónyuge de esconder del heredero extramatrimonial la declaración hereditaria ni reconocimiento patrimonial alguno, todo lo contrario, de los bienes que luego de la aludida disolución de la sociedad conyugal estaban radicados en cabeza de su padre, se dividieron por igual entre sus dos hijos, tal y como se desprende de las declaraciones de parte que obran en el asunto (f. 49).
Agrega que la demandada Leticia Clavijo aportó un documento -cuyo texto transcribe- en el que Jaime Enrique Mora “estuvo a satisfacción con lo que le correspondía como su potencial masa herencial, y en el que se desprende que éste conocía y aceptaba que el único bien dejado por el causante, era un automóvil de servicio público” (ib.).
La diferencia de valor entre las dos clases de bienes, que como tal constituye el indicio del precio vil tenido en cuenta por el juzgador de primera instancia, para el Tribunal es un despropósito si se atiende a la figura sustancial que se analiza. Explica que el actor no aportó prueba que demostrara el precio de la casa y el carro, ni en esta causa se demanda la lesión. Además, que como la liquidación fue de mutuo acuerdo, bien pueden las partes “por la mera liberalidad de su autónomo carácter, venir a pactar y estipular la división que a ellos más les convenga y las que se encuentren a mayor satisfacción personal, hecho con el cual no cabe reproche si es hecho de manera voluntaria y libre, por tratarse en definitiva de una clase de sociedades patrimoniales en donde en principio priman los afectos, como hecho que constituye el ánimo asociativo, por encima de los intereses patrimoniales” (f. 51).
Indica, en consecuencia, que el cuestionamiento de la partición se hace sólo en relación con el inmueble; pero para el éxito de la acción debía demostrar el pretensor, bien directa o indirectamente, la intención inequívoca de simular pues, el simple señalamiento de la condición de ser hijo extramatrimonial ni su nacimiento son causas implícitas del fingimiento; pero, acota, “no hay testigos, ni documentos, ni ninguna clase de pruebas que den expresa cuenta que en razón del nacimiento del demandante se orquestó la simulación” (f. 80).
Se acusa la sentencia de haber infringido de manera indirecta los artículos 1602, 1603, 1618, 1766, 1771, 1781 ordinal 4°, 1798 y 1820 del Código Civil, 47 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y 175, 187, 248 250 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho y de derecho probatorios.
Para su desarrollo, una vez reiterada las razones del Tribunal, expresa la censura que no es cierto que en la demanda se haya expresado que en razón del nacimiento del demandante se orquestó la simulación, puesto que como reconoce ese juzgador, transcurrieron varios años entre el nacimiento del demandante y la liquidación de la sociedad conyugal.
Además indica que en la sentencia se exige prueba directa que acredite el concierto simulatorio, en contra de lo que la jurisprudencia predica sobre el punto, que resalta la prueba indiciaria, calificada como indirecta. Destaca que el error de la Sala de Decisión consiste en confundir el acto simulado, que debe demostrarse plenamente, con la forma como los estipulantes llegaron a fraguarlo, que es lo que se propone demostrar con los yerros que le atribuye al sentenciador en relación con las siguientes pruebas, preteridas por el Tribunal:
En lo que hace a los yerros de derecho, la censura indica que el Tribunal violó el artículo 47 de la ley 763 de 2002, al afirmar que la simple formalidad del traspaso no es indicio, perdiendo de vista que conforme dicha norma la tradición de los vehículos se obtiene mediante su inscripción en el registro nacional de tránsito, requisito este solemne para que se adquiere la propiedad de este tipo de bienes.
De conformidad con el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que es el cuerpo normativo que regula este recurso por haber sido interpuesto cuando estaba vigente (art. 699 del Código General del Proceso), la demanda de casación debe cumplir con una serie de requisitos para ser formalmente admitida, algunos de carácter accesorio tendientes a la clara determinación del proceso y de la sentencia contra la cual se interpone el recurso extraordinario, que en este caso se encuentran cabalmente cumplidos, y otros de índole sustancial, dirigidos a precisar la acusación que se le eleva a dicho fallo, sobre el cual la Corte encuentra falencias en la demanda que examina.
En concreto, el numeral 3º del precepto mencionado establece que dicho escrito debe contener
“la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”
Cuanto hace a la fundamentación del cargo en forma clara y precisa, tales expresiones ponen de presente no sólo que el mismo sea inteligible sino que vaya dirigido en concreto a todos los elementos esenciales, fácticos y jurídicos, que soportan la decisión y no a otros, lo que supone armonía o simetría del recurrente con lo que el Tribunal sostuvo, es decir, “una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente” (Cas. Civ. del 26 de marzo de 1999, Exp. 5149, refrendada en providencias recientes, como las de 14 de diciembre de 2011, Exp. 11001-31-03-023-2004-00336-01; de 7 de noviembre de 2002, exp.#7587, de 28 de mayo de 2004, exp.#7101, de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01, entre muchos más).
De cara a las anteriores directrices jurisprudenciales, es notorio que en el cargo el recurrente se olvida de atacar los fundamentos torales de la decisión para proponer su propia versión de lo que considera demostrado como hechos indicativos de la simulación pretendida.
1. En ese sentido, es de ver que el Tribunal constata que el inmueble fue adquirido por los consortes en 1967, y resalta que la pareja “admite la existencia de una sociedad patrimonial de bienes, antes del hecho mismo del matrimonio por el rito católico, celebración que se dice ocurrió en fecha posterior, en marzo de 1984, y la continuación con este inmueble a partir del nacimiento de la sociedad conyugal”. Pero sobre este particular nada se dice, pues el recurrente lo que hace es destacar, de una parte, que la pareja mintió cuando dijo que no había aportado nada a la sociedad conyugal, y de la otra, que ese inmueble al haber sido adquirido antes del matrimonio no podía ser incluido en la liquidación de la sociedad conyugal. Como es notorio, pasó por alto la censura la conclusión del Tribunal atinente a la existencia de una previa sociedad de hecho entre los futuros esposos, en la que, forzoso es inferirlo, vio esa colegiatura que cada cual aportó su parte en la referida sociedad a la que se conformada por razón del matrimonio.
2. De la misma manera, al paso que el recurrente enfatiza en que sí se quedó demostrada la ausencia de transferencia del dominio del vehículo automotor, el Tribunal también lo advirtió pero su énfasis se dirigió a destacar que el señor Mora detentaba su posesión pues lo conducía y usufructuaba y que su consorte demandada no lo negó.
3. En cuanto hace al recibo suscrito por el actor, el desenfoque se evidencia en el hecho de que el recurrente pone de presente la afirmación de la demandada en cuanto a la cuantía recibida por este minimizando la declaración de paz y salvo del demandante, con olvido total de lo que el Tribunal dedujo de allí, esto es, que la propiedad y posesión del automotor (cuya venta sirvió para el pago que dio origen al recibo mencionado) por parte del señor Mora León nunca fue desconocida por su esposa.
4. En relación con las declaraciones de los señores Erazo Estrada, Padilla Utria y Herrera Corpus, no se sabe en verdad cuál es el error fáctico que el recurrente achaca al Tribunal si él mismo admite que tales declarantes nada dijeron por lo que mal haría el fallador en tenerlas en cuenta y así lo reconoce la censura.
5. Es de destacar que el juzgador, en relación con el indicio tomado en consideración por la primera instancia consistente en el “precio vil”, y materializado en la diferencia entre los valores del inmueble y del automotor, reparó en la naturaleza del acto partitivo, en su carácter consensuado, en la válida intervención del afecto entre las partes y el hecho de no ser reprochable que se exterioricen por ello actos de mera liberalidad, voluntaria y libre, a más de que no había prueba de los valores de esos activos. Pero el recurrente lo que destaca es otra cosa, a saber, que un testigo calificó el carro de viejo y de una marca desacreditada, quedando intacta la afirmación del Tribunal consistente en la ausencia de prueba del valor del inmueble y, más allá de ello, de la poca importancia que para esa sala tiene la equivalencia en los valores repartidos por la especial naturaleza del acto en la que el afecto está presente, punto asimismo incólume.
6. De otra parte, se aprecia en el cargo una contradicción, pues al comienzo del mismo el recurrente, para refutar una afirmación del Tribunal atinente a que en la demanda se afirmó que el nacimiento del demandante fue la razón para que se orquestara la simulación, resaltó que habían transcurrido un buen número de años entre el nacimiento del demandante y la liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, al final sí le parece que el tiempo no sea óbice para fraguar el acto fingido, pues afirma que desde cuando la esposa supo de la existencia del demandante (tenía entonces tres años) hasta cuando liquidó la sociedad conyugal (contaba con 10 años) “estuvo maquinando la forma de hacer que su esposo dejara de figurar como propietario” (f. 22). Este tipo de contradicciones hace confuso el cargo, en contra de la exigida claridad y precisión a que se aludió al comienzo de estas consideraciones.
Las anteriores falencias denotan entonces que el cargo no puede ser admitido y en consecuencia, debe declararse desierto el recurso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: INADMITIR el cargo formulado contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de enero de 2013, en el proceso que Jaime Enrique Mora Machacón adelantó frente a Leticia Clavijo Rodríguez, Flor María Clavijo, y herederos indeterminados de Carlos Enrique Mora León.
Segundo: Declarar DESIERTO el recurso de casación interpuesto contra el mencionado fallo.
Notifíquese,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA